Solo en abril se registraron 109 denuncias por amenazas a centros educativos en la región, sumando la agresión física entre escolares, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad y convivencia
Por: Arelian Barboza. Alumna en práctica UCN
El aumento de hechos de violencia escolar en la región de Antofagasta ha encendido nuevamente las alertas entre autoridades y comunidades educativas, Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 11 de mayo en el Liceo Artístico Armando Carrera González F-60, donde una estudiante de 14 años fue agredida por una compañera al interior del establecimiento.
La Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de Fiscalía formalizó a la menor imputada por el delito de lesiones menos graves y decretó la prohibición total de acercarse a la víctima mientras se desarrolla la investigación.
Según la familia de la estudiante afectada, existían antecedentes previos de intimidación que no habrían sido abordados de forma efectiva por el área de convivencia escolar.
El hecho se suma a una serie de situaciones de violencia registradas este año en establecimientos educacionales de la región. Según reportes de Carabineros, sólo durante abril se contabilizaron 109 denuncias por amenazas a recintos escolares, cifra que ha generado preocupación por el aumento de conflictos, agresiones y hechos de riesgo dentro de las comunidades educativas.
Frente a este escenario, Carmen Castillo Rivera, fiscal a cargo del caso, señaló que “mientras no se termine la violencia en los adultos que demuestran día a día, no va a terminar la violencia en niños, niñas y adolescentes, porque son el reflejo de la sociedad en la que vivimos ahora”.
Actualmente, opera la Ley Aula Segura que permite a directores suspender o expulsar a estudiantes involucrados en hechos graves de violencia, como agresiones físicas o porte de armas, mediante procedimientos rápidos que buscan resguardar la seguridad de la comunidad escolar.
Por otro lado, se suma el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, presentado en abril de 2026, que busca reforzar las medidas de control y seguridad en colegios. Entre las propuestas se incluyen revisión de mochilas, restricciones al uso de elementos que oculten el rostro y mayores facultades para docentes y directivos frente a situaciones violentas.
Respecto a estas medidas, la fiscal afirmó: “con la facilidad que hay actualmente para obtener armas, como las de fogueo, que son de fácil adaptabilidad y están prohibidas, se hace necesario instalar estas medidas”.
Además desde fiscalía recalcaron que su rol es persecutor y no preventivo, sin embargo, están apoyando activamente en ello. Por último, Castillo consideró “beneficiosa” la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales como una medida que podría ayudar a prevenir hechos de mayor gravedad.
